Se Renuevan las Leyes de Alquiler Coninúa la lucha sobre cuestiones de vivienda
Por David Powell, Traducido por Lightning TranslationsEl Concejo Municipal votó para renovar las leyes de alquiler de la ciudad de Nueva York el lunes 20 de marzo. El control de alquileres fue renovado automáticamente, y el alcalde Giuliani firmó sin ceremonia la ley que renovó la estabilización de alquileres el 28 de marzo.
Aunque las leyes de alquiler—que protegen a unos 2 millones de neoyorquinos—fueron renovados sin enmiendas debilitantes, el Vocero del Concejo Municipal Peter Vallone impidió que se votara para tres proyectos de ley claves. Afortunadamente para los inquilinos, estos proyectos, uno del concejal Stanley Michels (D-Manhattan) y dos más del concejal Stephen DiBrienza (D-Manhattan), no tienen plazo, y la lucha por su aprobación continúa (véase el anuncio en página 7).
El voto del Concejo a renovar las leyes de alquiler (Intro 669a) fue de 46-3. El Líder Minoritario Thomas Ognibene, de Queens, y sus comulgantes republicanos Stephen Fiala y James Oddo de Staten Island eran los únicos disidentes; Lloyd Henry (D-Brooklyn) y Al Stabile (R-Queens) se ausentaron en el momento del voto. De todos modos, la victoria aplastante reflejó más bien las aspiraciones políticas de Vallone que alguna preocupación del Concejo sobre los derechos de inquilinos.
Vallone, que se postula por alcalde en 2001, por una parte necesita los votos de los inquilinos, y por otra parte está adicto al dinero de los caseros. Como se reveló en el periódico Village Voice el 1 de febrero, la campaña de Vallone parece el beneficiario de más dinero de parte de los caseros grandes y los inversionistas en bienes raíces que la de cualquier otro candidato en los comicios municipales que vienen.
Sin embargo, según veteranos del gobierno municipal, el cabildeo de los caseros no trató de debilitar las leyes tanto como en años previos. Unos especulan que los grupos caseros no le presionaron mucho a Vallone esta vez porque habían conseguido lo que querían en 1999 con quitar casi toda la fuerza de la ley de pintura de plomo. Otros especulan que las órdenes de los caseros a Vallone eran simplemente para impedir que la resolución de Michels (Resolución 801) y el programa de DiBrienza (Resolución 1234 e Intro 729) se aprobaran.
No desestime el poder de los inquilinos
Al mismo tiempo, otra fuerza en juego fue la presión de los inquilinos sobre Vallone y otros concejales individuales. Met Council, junto con otros grupos, mantuvo una serie de visitas a los concejales. Se vigiló al Concejo, y sus miembros lo sabían.
Vallone respondió con intentos de apaciguar a los inquilinos. En febrero, les mandó cartas (a costa de los contribuyentes, y tomando fuera de contexto un artículo de Tenant/Inquilino) a todos los inquilinos de renta regulada, en las cuales les prometió que iba a renovar las leyes de alquiler. Pocos tenían dudas de que el Concejo renovaría las leyes, pero son las “enmiendas debilitantes” las que se han convertido en un peligro silencioso para los inquilinos en el momento de renovar las leyes. Los inquilinos pueden atribuirse el hecho de que el Concejo no haya tratado de debilitar las leyes de alquiler.
Vallone bloquea medidas favorables a los inquilinos
De todas maneras, Vallone sí usó su poder para controlar cuáles proyectos de ley se consideran en el Concejo para poner obstáculos en el camino de tres proyectos que favorecerían a los inquilinos.
Uno de estos es la Resolución 801 de Michels, que exige la revocación de la ley estatal Urstadt. Esta ley, aprobada para impedir que la ciudad anulara el proyecto desastroso de Nelson Rockefeller de 1971, que impuso el descontrol de renta al desocupar la vivienda, prohíbe que la ciudad apruebe leyes de alquiler más fuertes que las del estado. Por eso, las leyes de alquiler de la ciudad se dictaminan en la Legislatura Estatal, y tienen que pasarse por un Senado Estatal dominado por republicanos de las afueras de las ciudades y de áreas rurales, que ni entienden las protecciones de inquilinos ni tienen afiliación con ellas. Hace mucho tiempo que las asociaciones de caseros han luchado para que la ley Urstadt siga en pie, contribuyendo con cientos de miles de dólares cada año para los legisladores del norte del Estado—legisladores contra quienes los inquilinos de la ciudad no pueden votar.
Resoluciones del Concejo (a diferencia de proyectos de ley) no cambian la ley directamente: Son una petición a la Legislatura. Sin embargo, asambleístas y senadores estatales han dicho que no lucharán por la revocación de la ley Urstadt hasta que el Concejo pida primero el poder de gobernar las leyes de alquiler. Por esta razón, el primer paso es aprobar una resolución en el Concejo Municipal. Vallone ha mantenido la Resolución 801 paralizada desde el momento de su introducción.
El Vocero también ha detenido el progreso de dos propuestas de Stephen DiBrienza. Intro 729, introducido en marzo, aboliría el “impuesto de pobres”—el sobrecargo de $15 cobrado por todos los apartamentos de renta estabilizada que se alquilan por $500 o menos al mes—y reduciría el porcentaje máximo de los aumentos anuales de alquileres. El impuesto de pobres, decretado durante cinco años en una variedad de sumas por la Junta de Regulación de Renta (RGB), aumenta los apuros de inquilinos de bajos ingresos al mismo tiempo que disminuye lo poco que queda de vivienda asequible. Entre 1996 y 1999, el número de apartamentos que se alquilan por menos de $600 se bajó por casi un 10 por ciento, de 714,000 a 651,000. Intro 729 también reduciría el aumento de alquiler anual de un 7.5 por ciento en apartamentos de renta controlada al nivel de la pauta anual de la RGB para apartamentos de renta estabilizada (este año, 2 por ciento por una renovación del contrato de un año). La otra propuesta de DiBrienza, Resolución 1234, es un llamado por la revocación de las debilitadas leyes de alquiler estatales de 1997—aumentos de desocupación de un 20 por ciento, descontrol de apartamentos desocupados que se alquilan por más de $2,000, y el susodicho “descontrol de lujo.”
Empero, todo proyecto de legislación tiene que pasar por el departamento legal del Concejo (también conocido como “infraestructura”) antes de ser formalmente presentado. Por su propia conveniencia, el personal del Vocero está a cargo de la “infraestructura.” Mediante la confección de detalles fraudulentos, la gente de Vallone logró impedir que el Intro 729 y la Resolución 1234 se introdujeran.
Política de siempre en el Concejo
Aunque Vallone no pudo obstaculizar la introducción del programa de DiBrienza indefinidamente, trató de mantener tanto ello como la Resolución 801 fuera de la discusión durante el proceso de renovación. El Vocero sabía muy bien que los inquilinos iban a prestar más atención en las leyes de alquiler durante este período. También sabía que la legislación adicional se dirigía a la erosión de las protecciones de inquilinos—erosión a la cual él mismo ha contribuido. Cualquier proyecto más allá de la renovación sencilla de las leyes de alquiler le hubiera forzado o a ir contra sus partidarios caseros o a arruinar su campaña de relaciones públicas como “amigo de los inquilinos.”
Por eso, mantener los proyectos adicionales fuera de la discusión encabezó sus prioridades. Vallone trató de reparar su falta de credibilidad al ofrecerles a los inquilinos una migaja: una disposición que exige que los caseros les notifiquen a los nuevos inquilinos de la desregulación reciente del apartamento (gracias al descontrol de desocupación de apartamentos que se alquilan por más de $2,000). El razonamiento es que el inquilino puede entablar una queja de sobrecargo e impugnar la desregulación si ésta se hizo ilegalmente (como casi siempre es el caso).
Cómo funcionaría este plan es discutible, porque muchos inquilinos no tienen ni el conocimiento ni los recursos para seguir el curso de una queja de sobrecargo con el estado. Pero sí dice mucho de la enorme hipocresía del Concejo Municipal de Vallone—el mismo que votó para aumentar el descontrol de desocupación de apartamentos que se alquilan por más de $2,000 en 1994. Al mismo tiempo, los inquilinos que asistieron al voto el 20 de marzo sufrieron un chorro de gestas huecas por parte de concejales que se han opuesto a protecciones para inquilinos en el pasado. De los 46 concejales que votaron para renovar las leyes de alquiler, 35 habían votado en contra de los inquilinos, o en torno del descontrol de altas rentas o en el proyecto de pintura de plomo del año pasado. El Presidente del Comité de Vivienda Archie Spigner se mostró molesto de que los inquilinos habían estado “innecesariamente preocupados” por la renovación de las leyes. Los inquilinos en la galería le rechiflaron con vehemencia.
De todos modos, ahora es el momento en que los inquilinos deben ponerse en contacto con sus concejales, para averiguar si su actitud “pro inquilino” incluye hasta apoyar la legislación en pro de los inquilinos que se dejó atrás en la fanfarria.
Albany 2003: El fuego que viene
Hay algo más—quizás lo más importante—que los inquilinos pueden aprender de esta batalla reciente: La falta de una ofensiva grande por parte de la industria de bienes raíces es una señal de advertencia. Según se dice, los caseros parecen listos para la matanza, mediante el Senado Estatal, cuando las leyes estatales se renueven en 2003 (como hicieron en 1997).
Esta vez, le tocó al Concejo Municipal el papel de “buen policía.” A lo mejor, el Líder Mayoritario Joe Bruno (R-Rensselaer) y sus secuaces regresarán con la rutina fea del “mal policía.” Vamos a tener que tocar todos los registros en el año ’03. Revocar la ley Urstadt sería el mejor primer paso, porque los corderos no quieren pedirles favores a los lobos. A decir de todos, 2003 va a hacer a 1997 parecer pan comido.