¿Va a "dejar caer la piedra"
el Estado de Nueva York?
Por Steven Wishnia Traducido
por Vajra Kilgour

En enero pasado, el gobernador George Pataki propuso, a bombo y platillos, reformar las leyes de drogas Rockefeller del estado de Nueva York, las cuales incluyen unos de los castigos por drogas más severos del país, con una sentencia mínima de 15 años hasta cadena perpetua por posesión de cuatro onzas de cocaína o heroína.

Las protestas en contra de las leyes han crecido en los últimos años. La mayoría de las 21,000 personas en prisión por drogas no son los grandes jefes del narcotráfico a quienes las leyes fueron dirigidas, sino adictos o vendedores menores, encarcelados por cantidades de drogas que valen menos de unos pocos cientos de dólares. Y un 94 por ciento de los condenados por drogas son negros o latinos.

El proyecto de ley de Pataki reduciría el castigo de 15 años a 10 años hasta cadena perpetua. También permitiría que los jueces decidan mandar a un programa de tratamiento en vez de a la cárcel a los arrestados por primera vez por posesión de hasta una media onza de cocaína o heroína. "Es un gobernador Republicano que está proponiendo la primera reforma verdadera a las leyes de drogas Rockefeller," dice Caroline Quartararo, la vocera de Pataki en asuntos del sistema de justicia penal.

Sin embargo, la verdad es más compleja. Sólo alrededor de 600 personas están cumpliendo la sentencia máxima de 15 años hasta cadena perpetua. La mayoría de los encarcelados por drogas son vendedores menores con condenas previas por delitos graves; las leyes Rockefeller incluyen un castigo mínimo de 4½ años por la venta de cualquier cantidad de cocaína o heroína como segunda infracción. Randy Credico, del Fondo Kunstler por Justicia Racial (Kunstler Fund for Racial Justice), señala el caso de Darius King, del condado de Queens: con una condena previa por armas, fue condenado a 11 a 22 años por haber vendido cocaína con un valor de $5.

La propuesta de Pataki reduciría a cuatro años la pena por ventas como segunda infracción. "No afectaría realmente a la gran mayoría" de los acusados, dice Deborah Peterson-Small del Centro Lindesmith–Fundación de Política de Drogas (Lindesmith Center–Drug Policy Foundation). También aumentaría las sentencias por infracciones en torno a mariguana.

Un grupo de demócratas, negros en su mayoría y liderado por el miembro de la asamblea Jeffrion Aubry, de Queens, y por el senador estatal Velmanette Montgomery, de Brooklyn, ha propuesto un proyecto de ley que permitiría tratamiento a los condenados por segunda vez. El proyecto de ley (S00840 en el Senado, A02823 en la asamblea) también ampliaría la discreción de los jueces para dar sentencias menores si creen que las mínimas previstas por la legislación son "indebidamente severas," daría más oportunidad a los acusados para negociar declaraciones de culpabilidad por infracciones menores y dejaría a los reos pedir reducciones en sus sentencias retroactivamente.

A pesar del apoyo bipartidario para cambios a las leyes, no está asegurada ninguna acción este año. Propuestas parecidas a las de Pataki y Aubry perdieron en 1999, porque el gobernador quería abolir la libertad condicional y el vocero de la asamblea, Sheldon Silver, un demócrata, temía ser calificado como "blando frente al crimen."

Un tema difícil es el deseo de Pataki de eliminar la libertad condicional para los condenados por drogas, sustituyendo penas indeterminadas como de cinco a 15 años con un requisito que los condenados cumplan al menos un 85 por ciento de sus sentencias. "Hasta que se dé carpetazo a esta demanda, no hará ningún progreso," dice Joseph Haslip, jefe de personal del senador estatal David Paterson (D-Manhattan).

La resistencia más fuerte a cualquier cambio viene de los fiscales del estado. "Ya llevamos la ventaja al crimen violento," dice Mary de Bourbon, vocera del fiscal del distrito de Queens Richard Brown. "Debilitar las leyes sería un error muy grave."

De Bourbon también sustenta que la ley no está llenando las cárceles con vendedores menores. Cuatro onzas de cocaína, según ella, valen casi $100,000 en la calle. (La realidad es que el precio de cocaína ha bajado drásticamente desde que se aprobó la ley.)

Robert Gangi, de la Asociación de Corrección de Nueva York (Correctional Association of New York)--la cual encabeza una campaña en contra de las leyes llamada "Dejar Caer la Piedra" ("Drop the Rock," lema derivado de la primera sílaba del nombre "Rockefeller," que quiere decir "piedra" en castellano)--fue optimista al principio, al decir que la declaración de Pataki en enero "representa una salida política que va más allá de los detalles." Pero él sospecha que las críticas de los fiscales han influido a Pataki, y llama las disposiciones en torno a mariguana y la libertad condicional "sorpresas importunas."

‘Nunca vi a un pez gordo en la cárcel’

Las leyes Rockefeller se aprobaron en 1973, cuando el gobernador Nelson Rockefeller, meditando otra postulación al nombramiento presidencial republicano, intentaba situarse entre los "duros frente al crimen." Casi 30 años después, las leyes están entre las más severas del país. Michigan y Texas dan penas comparables por posesión de alrededor de una libra de heroína o cocaína.

Irónicamente, cuatro onzas de cocaína o heroína fueron una cantidad significativa de drogas en 1973. Se vendió cocaína a $100 por un gramo, en una época cuando el salario mínimo fue de $70 a $80 a la semana y los apartamentos en los vecindarios más pobres de Nueva York se alquilaron por $100 al mes. (Los lectores de <i>Tenant/Inquilino</i> no necesitan ser recordados del intento desastroso de Rockefeller a eliminar los controles de renta.) Y con la heroína siendo hasta sólo un 3 por ciento pura en la calle, cuatro onzas de heroína podía valer miles de dólares.

Las leyes hicieron poco para frenar el mercado de drogas. La heroína resurgió al fin de los años ’70, y un década más tarde la cocaína "crack" inundó la ciudad. Actualmente, el precio al por menor de cocaína es alrededor de $40 por un gramo, y la heroína en la calle es hasta un 70 por ciento pura.

Lo que hicieron las leyes fue llenar las prisiones del estado; un 31 por ciento de los prisoneros del estado son condenados por drogas. El aumento en los gastos anuales en prisiones del estado entre 1988 y 1998--de hecho, el costo aproximado de $700 millones por encarcelar a los condenados por drogas--iguala casi exactamente los cortes en los fondos destinados al sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (State University of New York,&nbsp; SUNY). Ahora, como dijo Deborah Small-Peterson a un foro comunal en Harlem en febrero pasado, más hombres negros van a los 71 prisiones del estado que se bachilleran en los 34 colegios de cuatro años de SUNY.

Funcionarios gubernamentales se ponen incómodos al tratar de explicar porqué casi todos los condenados por drogas es gente de color; los negros y latinos usan y venden drogas a niveles iguales a los de los blancos. "En nuestro despacho, no conocemos el color de piel del acusado," dice de Bourbon. "Sólo encarcelamos a las personas condenadas," dice Quartararo.

Los que están cumpliendo sentencias de 15 años hasta cadena perpetua han acaparado la publicidad, y los fiscales argumentan que las leyes están atrapando a los mayores vendedores, pero la mayoría de los condenados por drogas son los usuarios o vendedores intransigentes de menor importancia. "Nunca vi a un pez gordo en la cárcel," dice Anthony Papa, quien cumplió 12 años de una pena de 15 años por cocaína antes de que Pataki le otorgara clemencia. Elaine Bartlett, quien cumplió 16 años de una sentencia de 20 años hasta condena perpetua por entregar cocaína, dice que la mayoría de las mujeres encarceladas con ella fueron usuarias de drogas o mulas--transportadoras de drogas. Terrence Stevens, confinado a una silla de ruedas por distrofia muscular, dice que los encarcelados con él en Green Haven vinieron en su mayoría de un puñado de vecindades pobres de la ciudad de Nueva York: Jamaica, Nueva York Este, Bedford-Stuyvesant y Harlem.

"No es que estemos diciendo que no hicimos nada malo," dijo Bartlett a manifestantes fuera de la carte de justicia del condado de Queens el 28 de febrero. "Lo que estamos diciendo es que el castigo no corresponde al delito."