Seminario Teológico Judío Continúa
Juicio Contra Inquilinos
Por Vajra Kilgour
Traducido por Lightning Translations

Hace casi un año y medio, un grupo de inquilinos de renta estabilizada en la calle 122 Oeste ganaron una victoria en la Corte de Vivienda, cuando la juez Laurie Lau falló que el Seminario Teológico Judío no podía desalojarlos para volver los edificios en un dormitorio de estudiantes (Tenant/Inquilino, febrero de 1999). El fallo se basó en un principio bien fundamentado de la ley que gobierna las corporaciones: el seminario había transferido la titularidad de los edificios a una corporación con fines de lucro, de la cual el seminario era el único accionista, cuando los inquilinos se mudaron a sus apartamentos. Según la ley, el seminario sólo podía desalojar a los inquilinos si hubiera poseído los edificios en el momento que aquellos los ocuparon. La juez Lau rehusó dejar al seminario desestimar la personalidad societaria, y falló que el seminario ahora, después de gozar las ventajas de la posesión de los edificios por una corporación distinta, no podía evitar las desventajas del arreglo. Durante el año pasado, el seminario les dio a entender a los inquilinos que no propuso perfeccionar una apelación al fallo de la juez Lau, sino sólo quería resolver las cuestiones restantes en torno a la renovación de contratos y los gastos legales. Cuando, finalmente, el seminario no resolvió estas cuestiones, la abogada de los inquilinos, Catharine A. Grad del bufete Grad & Weinraub, realizó una petición para que la apelación del seminario se destituyera.

Tan pronto como se dio cuenta de que los inquilinos estuvieron realizando una petición para destituir su apelación y recuperar los gastos legales en la corte, el seminario amenazó con continuar el litigio si los inquilinos no entregaban sus hogares. A mediados de abril, les avisó a los inquilinos que continuaría el pleito si estos no aceptaban una oferta de compra: los que convinieron hasta el 15 de mayo mudarse para el 1 de septiembre cobrarían $25,000—una pequeña fracción del valor de un contrato de renta estabilizada, y apenas lo suficiente para cubrir la renta más alta por uno o dos años en un nuevo apartamento. Si diez o más inquilinos aceptaran la oferta, el seminario les ofrecería $30,000, aparentemente con la esperanza de que los inquilinos serían dispuestos, por $5,000 cada uno, a encargarse de ayudar al seminario a vaciar los edificios de todos los inquilinos de renta regulada.

El 26 de mayo, cuando se hizo claro que los inquilinos no se amedrentarían, el seminario realizó una petición interpuesta contra la de los inquilinos, pidiendo más tiempo para perfeccionar una apelación. En su petición, el seminario alegó falsamente que se había dedicado a negociar con los inquilinos durante todo el año y medio pasado, y que les había ofrecido tanto dinero como vivienda alternativa desde el principio. La ironía de la falsificación se destaca por el hecho de que fue el seminario mismo al que habían ofrecido—y que había rechazado—vivienda alternativa para estudiantes, en un dormitorio nuevo que la Universidad de Columbia construía. Catharine Grad no cree que haya una base de buena fe para que el seminario siga con el juicio: “El seminario sabe muy bien que no hay ningún fundamento legal para impugnar el fallo de la juez Laurie Lau. No está continuando el juicio porque cree que al fin puede prevalecer en las cortes; simplemente espera que los inquilinos se cansen de tanto pleito y se rindan. Obviamente, el seminario no entiende que los inquilinos harán lo necesario para salvar sus hogares, donde han vivido por décadas. Es muy triste pensar que una institución educativa o religiosa pueda mostrar una indiferencia tan cruel a las vidas de la gente de la comunidad.”

Sus edificios en la calle 114 no se derribarán; solamente se reconstruirán desde las paredes. Sin embargo, la noticia estalló como una bomba para los inquilinos de las viviendas A. Philip Randolph en Harlem. El invierno pasado, se enteraron que se les iban a desplazar por mucho tiempo, y que unos de ellos no podrían volver.

Más recientemente, hubo otra sorpresa para los inquilinos: en mayo, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) hizo saber que no va a buscar el dinero federal que no solamente hubiera reparado los edificios, sino también hubiera añadido al proyecto consejos de servicios sociales, entrenamiento de trabajo y un laboratorio de computadoras.

Anteriormente en este año, los inquilinos se enteraron que la autoridad de vivienda local tuvo planeado solicitar fondos federales para reconstruir los 36 edificios en malas condiciones que forman este proyecto de vivienda. Pero hubo un gran truco, lo cual enfureció a los residentes. Los fondos iban a provenir de HOPE VI, un programa de vivienda federal que requiere que las urbanizaciones se disminuyan o en tamaño o en su densidad de población. Después de la reconstrucción, no habría cupo para todas las 322 familias que actualmente viven en los edificios.

Con la ayuda de funcionarios electos en Harlem, los inquilinos presionaron exitosamente a NYCHA para que la autoridad revisara su proyecto, metiendo apartamentos adicionales de bajos alquileres al lado de los nuevos condominios y apartamentos de alquileres más altos que requiere el gobierno federal en este programa. Parecía un arreglo brillante, que a la vez cumplía las necesidades de los inquilinos, las prioridades de la autoridad de vivienda, y las reglas de financiamiento federales.

Pero unas semanas más tarde, la autoridad de vivienda de repente declaró que después de todo, no iba a solicitar el dinero.

Según fuentes que están al tanto de las discusiones, un análisis interno de la autoridad de vivienda concluyó al fin de abril que la solicitud no llenaría todos los requisitos rigurosos de las subvenciones competitivas de HOPE VI. (Entre muchas otras cosas, los proyectos que se reconstruyen tienen que ser muy deteriorados, y remplazarse en su mayoría con casas particulares de mínima altura, que sean ocupados por sus propios dueños.) Los inquilinos se enfurecieron por la decisión, y más molestos aun porque Sharon Ebert, la directora de financiamiento y desarrollo de vivienda en la agencia, había hecho una presentación detallada del plan unos escasos días antes, en una reunión de la junta comunal—a pesar de que según se dice, ella ya sabía que la solicitud no siguió en pie.

El cambio inesperado fue particularmente vergonzoso para el líder de la asociación de inquilinos, Roberta Coleman, quien había declarado en la reunión, “Estoy de acuerdo con HOPE VI. Si hay cosas que no sé, confío en que los oficiales electos me informen.”

“Es esto la esperanza que se vuelve en mentira,” dijo con rabia el concejal Bill Perkins, cuyo distrito en Harlem abarca los edificios. El pronostica que la autoridad de vivienda tendrá grandes dificultades en recuperar la confianza de los inquilinos. “La gente va a empezar a temer lo peor—los temores al racismo, los temores a la gentrificación, todos los espectros saldrán.” Perkins tenía mucho en juego en el proceso, porque ayudó a los inquilinos a negociar el pacto.

Según se dice, el comisario de NYCHA John Martinez les dijo a los planificadores del proyecto que de todas maneras la ciudad procederá con la reconstrucción, usando otras fuentes de dinero.

Reeditado con permiso de City Limits Weekly.