Aprobada, ley republicana de viviendas públicas—¿Es tan mala?
Por Steven Wishnia
Traducido por Vajra Kilgour

Después de cuatro años intentando hacerlo, Republicanos del Congreso de los Estados Unidos han logrado decretar una ley que revisa por completo el sistema de viviendas públicas de toda la nación.

Activistas de viviendas públicas dicen que lograron eliminar o diluir muchas de las propuestas peores del proyecto de ley, que se llama la Ley de Calidad de Vivienda y Responsabilidad de Trabajo de 1998, antes de que se aprobara. “Es mucho mejor de lo que pudiera ser, pero estamos tomando una actitud cautelosa,” dice Lisa Ranghelli del Centro para Cambio Comunal, ubicado en Washington, DC.

David Bryson, del Proyecto de la Ley de Viviendas Nacional, en Oakland, es más escéptico, y dice que la ley puede socavar protecciones claves de los inquilinos: “No es tan mala como era cuando fue introducida, pero esto no me conduce a la conclusión que no es tan mala.”

El Congreso aprobó la ley, presentada por el representante Republicano de Long Island Rick Lazio, el 6 de octubre. Dos días después, el Senado la aprobó por un voto de 96-1, y se espera que el presidente Clinton la firmaré. Un proyecto de ley previo de Lazio había sido aprobado por ambas cámaras, pero desvaneció en las conferencias cuando Republicanos del Congreso y del Senado no pudieron llegar a un acuerdo en torno a unas cláusulas específicas.

A diferencia de versiones previas, la nueva ley no deroga completamente la Ley de Viviendas de 1937, ni la Enmienda Brooke de 1969, que limite los alquileres a 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos. (Actualmente los residentes pueden escoger entre pagar 30 por ciento de sus ingresos o una tarifa fija.) La nueva ley requiere que los inquilinos hacen ocho horas de servicio comunal cada mes o enfrentar el desalojo—una estipulación inquilinos y sus partidarios protestaron con vehemencia—pero hay exenciones amplias, incluyendo las personas que están trabajando, o que son ancianas o incapacitadas, o que son miembros de familias que reciben asistencia pública. El ley no incluye límites de cuánto tiempo las personas pueden quedarse en las viviendas públicas.

Otro tema importante fue cuántos apartamentos se daría a los más pobres—personas con ingresos de menos de 30% de la mediana local, o cerca de $14,000 anualmente por una familia de cuatro personas en Nueva York—y cuántos a los inquilinos de la clase trabajadora en mejores condiciones. Bajo las regulaciones federales actuales, suspendidas por el Congreso en 1995, aproximadamente tres cuartos de los apartamentos vacíos fueron reservados para los inquilinos más pobres. La nueva ley reduce ese requerimiento a 40% de las viviendas públicas disponibles, o unidades de Sección 8 basadas en proyectos, dejándolas en una tasa de 75% para los vales de vivienda (vouchers) disponibles de Sección 8. Las autoridades locales tienen algo de flexibilidad en la transferencia de inquilinos entre las dos opciones.

Partidarios del rebajamiento de la cuota de personas de bajos ingresos dicen que los proyectos como los de Nueva York, que son los hogares de una cantidad significativa de familias trabajadoras, funcionan mejor que los proyectos gigantescos como los Robert Taylor Homes de Chicago, en los que hay unos edificios donde casi nadie tiene trabajo. Los adversarios dicen que las viviendas subvencionadas por los contribuyentes deben proporcionarse primero a las personas con los mínimos recursos, y que la mala administración y las malas situaciones son las causas principales de los problemas en las viviendas públicas.

Aunque la autorización en la ley para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) es algo menos de los $25 mil millones que pidió la Administración de Clinton, no obstante añade más de $3 mil millones al presupuesto de HUD. El Centro para el Cambio Comunal la llamó “el mejor proyecto de ley en cinco años,” porque restituye los cortes masivos que se hicieron después de que los Republicanos tomaron control del Congreso en los comicios de 1994. Añade casi mil millón de dólares a los fondos de Sección 8—bastante para 50,000 vales de vivienda adicionales, más cambios administrativos que proveerán otros 30,000 a 40,000 vales de vivienda. Mientras que corta un poco los fondos operativos para las viviendas públicas, incrementa fondos capitales por $500 millones, hasta $3 mil millones. También hace subir los fondos para asistencia a los desamparados por 17%, un incremento de $152 millones.

Previas propuestas del proyecto de ley de Lazio, que habrían permitido una desregulación masiva de las autoridades locales, incluyendo las de Nueva York, ya son un poco diluidas. La nueva ley permite que durante los próximos cinco años el gobierno federal seleccione hasta 100 jurisdicciones—que no incluyen Nueva York—para diseñar sus propios programas de viviendas públicas. Estas ciudades y condados todavía serán requeridas a seguir las regulaciones federales en torno a la elegibilidad de inquilinos y la nivel de alquileres, y tendrán que servir más o menos la misma cantidad de inquilinos.

Un problema grande potencial del proyecto de ley, dice Ranghelli, es que se puede utilizarlo para fomentar la demolición de proyectos de viviendas, sin garantías de que los inquilinos recibirían viviendas comparables. “Será mucha menos seguridad de que se transfieran a los inquilinos a lugares donde el alquiler sea al alcance de sus bolsillos,” dice David Bryson. Una propuesta promulgada por el Senador Alfonse D’Amato (Rep., NY) debilita significativamente una ley de renovación urbana de 1970 que protege las personas desplazadas por los proyectos subvencionados por el gobierno federal.

La ley también reemplaza los contratos de alquiler permanentes con contratos de un año. “El Congreso puede añadir toda clase de razones para que no se pueda renovar los contratos,” dice Ranghelli. Bryson encuentra preocupante los hechos de que en unas áreas seleccionadas para el mando local, las autoridades locales pueden optar por el arrendamiento mensual y que HUD puede descartar las regulaciones que requieren una causa para el desalojo, lo que permitiría que los inquilinos se echan en la calle con aviso de sólo 30 días.

Aunque unos activistas ya están cobrando aliento por haber hecho retroceder los propósitos más atroces de los Republicanos, muchos no han visto la ley completa todavía. La declaración del Centro para el Cambio Comunal avisa que la ley da a las autoridades locales “la potencial para muchas más demoliciones y conversiones de unidades de vivienda pública en vales de vivienda. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles.”