Casera en Washington Heights Intenta Desalojar a Inquilinos Legales
Por Jeanie Dubnau
Traducido por Vajra Kilgour

Hace diez años que Flerida Florentín, una inmigrante de la República Dominicana, ha vivido con su hija, Sofía Torres, en un apartamento en el 540 oeste de la calle 157. Florentín tiene 78 años y padece una enfermedad del corazón y problemas con los nervios. En octubre de 1998 Sofía Torres empezó a trabajar como niñera en Connecticut, dejándole sus tres hijos a Florentín durante la semana y regresando a su hogar los fines de semana. Una vez que la casera, Mary Rodino, se enteró de este arreglo, les envió un “Notice to Cure” (aviso de corregir), acusándolas de haber violado el contrato porque Sofía Torres se había mudado de su apartamento y había dejado en él a una persona desconocida (Florentín)—y diciéndo que las desalojaría si no se corregía la situación.

Desde hace años, Rodino ha hostigado a los inquilinos en el 540 oeste de la calle 157. Tiene la reputación de no hacer reparaciones y de no ofrecerles contratos a los inquilinos legales de sus otros edificios en Washington Heights. No perdió tiempo en intentar el desalojo de esta familia, y luego les envió un Holdover Eviction Notice (aviso de desalojo por quedarse en el apartamento sin contrato).

Bajo la ley, Florentín, como madre de la persona arrendada, tiene el derecho de seguir viviendo en el apartamento, e incluso de añadir su nombre al contrato. Empero, con el caso en la corte, Torres tenía que dejar su trabajo porque su madre estaba demasiado nerviosa para ir sola a la corte. Las mujeres fueron a las oficinas de Harlem Legal Aid y les asignaron un abogado que convenció al juez para que ordenara que la casera aceptara su alquiler. Empezaron a pagar el alquiler y creyeron que el caso se había resuelto.

Sin embargo, después de alrededor de seis meses, la pesadilla empezó de nuevo. Los abogados de Rodino habían entablado una moción para continuar el caso y el juez la cedió.

Sofía Torres está tratando de mantenerse en diversos trabajos de limpieza, y se le ha forzado a dar numerosas declaraciones, en las cuales la interrogan los abogados de la casera. Aunque tanto ella como su madre están en los Estados Unidos legalmente, les han hecho repetidas preguntas sobre sus pasaportes y los de los hijos de Torres. Les exigieron que presentaran pruebas de dónde los niños asisten a la escuela y les han preguntado si los tres niños “¿tienen el mismo progenitor?”

El 23 de junio, Sofía y su madre acudieron a la oficina del abogado de Rodino para otra declaración y no les dejaron salir mientras los abogados se empeñaban en hacerles las mismas preguntas repetidas veces. Sofía se puso muy nerviosa. Se cayó y no pudo andar; fue al baño porque se sintió mareada. Le corrieron a Augusto Payano, un miembro de la Riverside Edgecombe Neighborhood Association que había acompañado a las mujeres para apoyarlas, entre burlas y risas por parte de la casera y sus abogados. Al principio, Rodino ofreció un nuevo contrato con un aumento de alquiler de $534 a $750. Más recientemente, ofreció otro contrato por $610, más de tres veces el aumento de 4 por ciento que la ley permite cobrar de los inquilinos en apartamentos de renta estabilizada.

Florentín es de edad avanzada y nerviosa. Su hija no puede mantenerse en el trabajo por las repetidas apariencias legales. Las dos tienen documentos que prueban que han vivido juntas en el apartamento por más de 10 años—pero si la casera tiene éxito en presionarlas a mudarse, puede conseguir un aumento de vacancia de 20 por ciento.